El Parlamento húngaro ha decidido no ratificar el «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica» que define el sexo como una “construcción social”. La resolución del Parlamento húngaro rechazando la ratificación del Convenio de Estambul afirma que es contrario al ordenamiento húngaro y a los valores que lo inspiran. De este modo el primer ministro de Hungría, Víctor Orban, a pesar de las innumerables críticas y presiones recibidas desde el exterior, se mantiene en su compromiso de no ceder a los postulados de la ideología de género.
Este Convenio del Consejo de Europa de 2011 entró en vigor en 2014 después de las primeras diez ratificaciones. De los 47 países del Consejo de Europa la mayoría de los de la Europa central y oriental no han ratificado el Convenio (Ucrania, Eslovaquia, que ha retirado su firma, Moldavia, Lituania, Liechtenstein, Letonia, la República Checa, Bulgaria, Armenia, Hungría y también el Reino Unido). Algunos ni siquiera han firmado el documento (Azerbaiyán y Rusia), otros han acompañado la firma de reservas y objeciones (Rumania, Polonia, Andorra, Malta, Eslovenia).
Se trata de un tratado internacional que trata de armonizar partes de las legislaciones nacionales en materia de lo que llaman violencia contra la mujer y la violencia doméstica y se ha intentado presentar como un avance para quienes han sido objeto de violencia doméstica. Sin embargo, al examinar con más atención el texto, resulta evidente que el Convenio plantea más problemas de los que resuelve. El Convenio de Estambul va mucho más allá del mandato específico de combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, como se pone de manifiesto en algunos de sus artículos: Se codifica por primera vez la controvertida definición de «género» como una construcción social independiente de la realidad biológica sexual (artículos 3 y 4); se propone erradicar cualquier «tradición basada en roles de género estereotipados» (artículos 12 y 13); se viola el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus hijos (artículos 12 y 14); se presume de manera desproporcionada que los hombres son siempre los culpables de la violencia doméstica (artículo 12); se impone un mecanismo de control de vasto alcance que erosiona la soberanía nacional de cada estado (artículo 66).
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