El pasado 19 de noviembre, en una entrevista concedida al diario Monaco-Matin, con motivo de la Fiesta nacional, el príncipe Alberto II, que desde 2005 gobierna el Principado de Mónaco, confirmó su negativa a dar curso a la propuesta de ley destinada a ampliar las posibilidades de aborto. «Comprendo la delicadeza del tema y las emociones que puede suscitar», declaró el soberano, añadiendo que debe respetar su fe y «el papel que la religión católica ocupa en nuestro país».
Alberto II decidió pues no promulgar el proyecto de ley aprobado por el parlamento del Principado de Mónaco el pasado mes de mayo (19 votos a favor y dos en contra), cuyo objetivo era legalizar el aborto voluntario hasta las doce semanas, ampliar el límite a dieciséis semanas en caso de violación y reducir la edad de consentimiento para el aborto de 18 a 15 años. Al justificar su decisión, el soberano ha recordado que la Constitución del Principado reconoce el catolicismo como religión del Estado; y que la Iglesia enseña que la vida de un no nacido es un bien no negociable, más allá de cualquier lógica utilitaria o funcional: el aborto directo es siempre moralmente ilícito. La Evangelium vitae es explícita al juzgar radicalmente injusta cualquier ley que autorice el aborto: tales normas «son leyes carentes de auténtica validez jurídica» y, por lo tanto, «no crean ninguna obligación» (EV, 72-73). San Juan Pablo II hablaba de una «trágica apariencia de legalidad» y advirtió de que una democracia que permite la eliminación de los más débiles «se encamina hacia una forma de totalitarismo sustancial» (EV, 20). Por lo tanto, el aborto nunca puede ser disfrazado como un derecho, porque niega el primero y más elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida.
En un contexto de generalización y banalización del aborto, con múltiples presiones de todo tipo a favor del aborto, el Principado de Mónaco y su príncipe Alberto nos muestran algo para muchos incómodo: es posible poner límite a la masacre generalizada de niños en el seno materno. El gesto del príncipe Alberto es comparable, con ciertos matices, al famoso episodio del rey Balduino de Bélgica en 1990.
El príncipe de Mónaco conserva una serie de prerrogativas reales que forman parte integral del equilibrio institucional del país. Entre ellas, una facultad decisiva: las leyes no pueden entrar en vigor sin su firma. Esto no convierte al monarca en legislador, pero sí en garante de que las normas aprobadas respeten la identidad histórica, moral y constitucional del Principado. El orden jurídico, las instituciones y la cultura social de Mónaco reposan sobre su identidad católica. Cuando el príncipe afirma que la reforma sobre el aborto no es compatible con «lo que somos», se limita a defender el marco constitucional-cultural que él tiene la obligación de proteger.
En Bélgica, donde el rey no puede vetar leyes, se declaró la «imposibilidad de reinar» de Balduino durante 36 horas, de modo que el Gobierno promulgó la ley del aborto sin él. Bélgica no pudo forzar al monarca a traicionar su conciencia. Incluso un rey con poderes puramente simbólicos conserva una dimensión moral que las instituciones deben respetar. Desde España miramos con envidia cómo en otros países la monarquía aún cumple una función real: ser la última instancia que vela por la justicia y la naturaleza profunda del país, los guardianes del alma de sus naciones.
