Nos hacíamos eco recientemente de la complicada situación que se vive en Chile y de cómo los disturbios habían derivado en numerosos ataques a iglesias, vandalizadas e incluso pasto del fuego.
Mientras el continente se ve sacudido por los planes desestabilizadores promovidos por la izquierda bolivariana desde Venezuela y Cuba, allá donde gobierna no duda en imponer el terror. Más alejada de los focos por su tamaño y porque la tiranía sandinista ya se ha hecho crónica, Nicaragua es un ejemplo más de esta forma de retener el poder. Un pequeño país ubicado en el istmo centroamericano de sólo 6,3 millones de habitantes y que no ocupa los principales titulares de los medios internacionales, a pesar de que sufre una de las más sangrientas dictaduras de la historia moderna hispanoamericana bajo el régimen sandinista-socialista de Daniel Ortega.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha sido escenario de importantes manifestaciones en contra del régimen, lo que ha desencadenado una cruel represión que fue noticia en un primer momento pero que luego ha quedado olvidada. El balance de este 2019 es terrible: 634 personas han sido asesinadas, 590 han sido secuestradas por grupos paramilitares sandinistas y por la policía del régimen y 846 se encuentran desaparecidas. Entre los asesinados, los hay que, tras apoyar las protestas, fueron buscados de forma selectiva en sus casas, en base a listas elaboradas por miembros del partido sandinista.
Otra gran tragedia que no aparece en la prensa es la de los niños abortados, una espeluznante violencia silenciosa que también se extiende por los países de la América hispana. El último, Costa Rica, donde su presidente, Carlos Alvarado Quesada, ha aprobado una «norma técnica» que abre la puerta a lo que llaman aborto «terapéutico». De hecho, el aborto en caso de «peligro para la vida de la madre» está despenalizado en Costa Rica desde 1970, solo que en este país no se ha usado como se utiliza habitualmente, esto es, como la excusa para abrir las puertas al aborto generalizado. Así, la realidad es que, al no darse en la vida real ya el supuesto que contemplaba la ley despenalizadora, ésta quedó como letra muerta y en Costa Rica se ha seguido respetando la vida de los no nacidos hasta ahora, cuando el presidente ha ampliado el alcance del caso que permite la despenalización del aborto a unos etéreos riesgos para la salud de la madre que despenalizarán de facto la práctica del aborto. La Conferencia Episcopal ha publicado una valiente declaración en la que se afirma que «estamos profundamente tristes y reiteramos nuestro rechazo y nuestra indignación ante la firma del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, del decreto desarrollando la norma técnica para el procedimiento médico previsto en el artículo 121 del código penal, realizada el 12 de diciembre, día en que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe». Triste y diabólica coincidencia.
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