La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha configurado en los últimos meses un escenario que recuerda peligrosamente a un pasado no tan lejano. El gobierno de Trump ha desplegado en el Caribe una fuerza aeronaval relevante, con más de una decena de buques y miles de efectivos bajo la bandera de la lucha antidrogas. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado han designado al llamado Cartel de los Soles (redes de corrupción y militares venezolanos involucrados en el narcotráfico) como organización terrorista, abriendo la puerta a acciones más punitivas contra el Estado venezolano. En sus últimas intervenciones, Trump ha repetido numerosos ataques contra Nicolás Maduro, acusándolo de «cabecilla narcoterrorista».
La estrategia política ha tenido ya consecuencias visibles. Las fuerzas militares estadounidenses han perpetrado una serie de bombardeos y ataques a lanchas utilizadas por narcos frente a las costas venezolanas. La Administración Trump ha insistido en que cada lancha destruida «salva miles de vidas estadounidenses», aunque es patente que el volumen del narcotráfico marítimo por el Caribe es hoy marginal. Aun así, la situación en Caracas es tensa. Maduro es consciente de que estas acciones podrían ser el preludio de algo mayor, y se encuentra en un estado de temor palpable.
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Resulta innegable la dramática situación que vive Estados Unidos (y la mayor parte del planeta) con respecto a las drogas. El país atraviesa una sobreoferta histórica de cocaína y una transformación del mercado motivada por un aumento significativo de la producción. El precio de la cocaína ha caído a la mitad comparando con cinco años atrás, y las políticas de Gustavo Petro, presidente de Colombia, han supuesto que las plantaciones se multipliquen.
Sin embargo, no es menos cierto que la raíz del problema no parece estar en Venezuela. De hecho, el país apenas produce cocaína, ni fentanilo, ni ninguno de sus precursores químicos. Su rol, en el mejor de los casos, es el de un punto de distribución secundario. En términos de incidencia real sobre el mercado estadounidense, se calcula que Venezuela apenas representa un 5% del flujo total de droga, muy lejos del peso de las rutas del Pacífico o de los cargamentos que viajan en contenedores marítimos, camiones o aviones. Por tanto, la insistencia en bombardear lanchas venezolanas parece claro que obedece a otra lógica.
En efecto, existen otros hechos que apuntan a motivaciones políticas. Como que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, un recurso estratégico cuya importancia, lejos de disminuir, se ha vuelto más crítica en un entorno internacional marcado por la guerra en Europa, la incertidumbre energética y la competencia entre grandes potencias. Estados Unidos no puede permitirse un país alineado con Rusia y China a pocas horas de navegación de sus costas. También tiene su peso el hecho de que Venezuela esté gobernada por un tirano deslegitimado, al que no reconocen numerosos países después de la burda manipulación electoral para aferrarse al poder y que es un importante factor de desestabilidad para toda la zona. Al mismo tiempo, la coyuntura puede abrir la posibilidad de que Rusia, tras negociar con Trump los aspectos de una propuesta de paz para Ucrania (en la que Zelenski se convierte en un humillado perdedor de la guerra), no se oponga frontalmente a una acción estadounidense en Venezuela. Actualmente, la alianza de Venezuela con Moscú es más simbólica que estratégica en términos militares reales. Si Washington interpreta que tiene luz verde tácita, la tentación de una intervención podría crecer. Por otro lado, en cuando a la política interna, en 2026 se celebrarán las elecciones de medio mandato norteamericanas, y estas acciones podrían ayudar al Partido Republicano a movilizar el voto hispano conservador.
En resumen, la nueva amenaza militar de Estados Unidos contra un país tercero presenta una versión oficial y posibles motivaciones alternativas. De nuevo, detrás de este impulso se encuentra el sector neoconservador del gobierno, con figuras como Marco Rubio o Pete Hegseth, impulsores de la misma lógica que justificó la invasión de Irak. En este sentido la historia reciente ofrece advertencias claras. Afganistán, Irak, Libia: todas presentadas como operaciones necesarias y de corta duración, todas convertidas en largos laberintos geopolíticos. Una hipotética intervención militar traería, de nuevo, importantes interrogantes, como la gestión del vacío de poder, la ocupación de un país extenso, cómo evitar que se desencadene una guerra civil, un colapso migratorio, o la proliferación de grupos criminales transnacionales, etc. Es por ello que lo más probable es que se mantenga la presión sobre el régimen venezolano pero sin llegar a una intervención directa sobre el terreno.
Trump se enorgullece de no haber iniciado una nueva guerra durante su primer mandato e insistió en su promesa de mantener la misma postura en su segundo mandato, pero la tensión sigue aumentando. Entre el instinto no intervencionista de Trump y las querencias de los muy relevantes cargos neoconservadores de su administración veremos quién se impone en el modo de abordar el problema venezolano.
