No ha esperado mucho: tras menos de dos meses de su constitución, el nuevo gobierno polaco de Donald Tusk ha provocado la crisis constitucional más grave de la historia de la Tercera República polaca. Con la excusa del «restablecimiento del Estado de Derecho», los liberales polacos han lanzado una campaña de control de las instituciones pero, en esta ocasión, con la complicidad de la Unión Europea y las organizaciones internacionales que tanto atacaron las supuestas violaciones de la legalidad por parte del anterior gobierno derechista.
En realidad, Tusk ya lo había advertido para los observadores atentos cuando, poco después de ser elegido primer ministro, declaró que el nuevo gobierno de coalición cumpliría la ley, «tal y como nosotros la entendemos», un aviso de lo que es hoy una realidad: lo que es o no legal ya no depende de ningún criterio más allá de la mayoría parlamentaria. También acuñó el concepto de «periodo transitorio», durante el cual se pueden violar las leyes vigentes a la espera de que se introduzcan «soluciones legislativas adecuadas». Un ejemplo fue el despido ilegal de los responsables de los medios de comunicación públicos por parte del ministro de Cultura, en lo que ha supuesto la ocupación ilegal de los medios públicos por parte del gobierno. De este modo, se despliega con poco disimulo (más allá de unas pobres explicaciones de dudoso valor) lo que bien puede calificarse de despotismo liberal.
Otra de las figuras clave en este proceso es el nuevo ministro de Justicia, Adam Bodnar, encargado de las purgas en la Fiscalía Nacional, que ha llegado incluso a irrumpir en las oficinas del fiscal nacional con la ayuda de la policía penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, para intentar hacerse con documentación relativa a procedimientos judiciales en los que se encuentran implicados miembros del nuevo gobierno. Hechos que el año pasado hubieran provocado las críticas de la Unión Europea y sanciones a Polonia cuando la derecha estaba en el poder y legislaba, entre otras cosas, para defender la vida desde su concepción. Ahora todo ha cambiado y la Unión Europea parece haber cambiado de criterio, quizás haya tenido algo que ver el hecho de que el gobierno de Tusk haya presentado una ley para permitir el aborto hasta la semana 12 de gestación y la venta de la píldora del día después sin receta a partir de los 15 años.
