Después de trece años el pleno del Tribunal Constitucional concluía la deliberación de la ponencia presentada sobre el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, informando que dicha ponencia no había obtenido el apoyo del Colegio de Magistrados y, por tanto, era desestimada, debiéndose redactar una nueva resolución que esté de acuerdo con los argumentos de la mayoría del tribunal sobre la constitucionalidad de dicha Ley.
Ante esta resolución del Tribunal Constitucional, la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE llamaba la atención sobre las consecuencias de este gravísimo hecho: «Esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho, declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífi ca y que promueve la desigualdad». La Comisión señala que se trata de una ley ideológica que permitirá determinar, en nombre del materialismo más radical, la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Es triste que la legislación y la política instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje, en vez de buscar el bien común y la defensa de los más débiles.
Además, también es una ley acientífica ya que los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D,
4D y 5D permiten afirmar con contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional, y afirmar un supuesto «derecho a decidir sobre el propio cuerpo», una falacia.
La Subcomisión señala también que esta ley promueve la desigualdad, ya que permite que los niños
con Síndrome de Down sean abortados hasta los cinco meses y medio.
De este modo, el Tribunal Constitucional, que debería ser el garante último de los derechos fundamentales, permitirá atentar contra la vida humana y contra la igualdad de todos.
Ante esta decisión, la CEE recuerda que la vida humana es un don de Dios, de manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. «La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo, es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad».
«Como Iglesia –concluye la nota–, solo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas que claman desde el seno de sus madres, pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir. Esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo. Al contrario, queremos estar a su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral. A su vez, nos dirigimos a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente, con el deseo de recordarles que, en el rostro misericordioso de Jesús,
encontrarán consuelo y esperanza.
Pedimos a las distintas administraciones que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan
iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad, evitando ser abocada al aborto».
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