La aparición del virus Zika y el riesgo de que pueda provocar microcefalia en algunos casos está siendo instrumentalizado por los promotores del aborto para imponerlo como «solución humanitaria» en los países hispanoamericanos que aún se resisten a la legalización del aborto. Entre ellos Naciones Unidas, uno de los agentes de extensión del aborto más eficaces, que ahora quiere imponer una «tasa global para el aborto».
No la llama así, sino que habla de una intervención para salvar vidas frente a calamidades naturales o conflictos militares. Cada vez que sucede una emergencia, las agencias de la ONU son las primeras en intervenir, haciendo siempre especial hincapié en lo que llaman «higiene reproductiva», un eufemismo para imponer la triple estrategia: aborto, contracepción y esterilización.
Para financiar estos programas la ONU dedica 25.000 millones de dólares al año, una cifra enorme, pero que sus dirigentes consideran que se queda corta por 15.000 millones. El problema es que las aportaciones a la ONU por parte de los diferentes estados son voluntarias, por lo que Naciones Unidas quiere dotarse de un mecanismo de financiación independiente de los países miembros. Es por ello que propone una tasa sobre las transacciones financieras o sobre la emisión de billetes de avión para financiar sus programas de «salud reproductiva». Si esa tasa global llega a buen puerto la ONU habrá dado un paso de gigante en su anhelo de convertirse en un súper Estado mundial dotado de la autonomía económica necesaria para no depender de las naciones a la hora de desplegar sus programas. Bastará una carestía, un tsunami, una guerra, una emergencia migratoria o sencillamente la próxima epidemia para imponer a las poblaciones que padecen estos males el aborto, la contracepción y las esterilizaciones, pasando por encima de las legislaciones nacionales que limiten estas políticas. El Zika es la primera prueba general de la viabilidad de esta iniciativa.
