«Las últimas regulaciones plantean a los centros católicos una gran contradicción: enseñar una antropología contraria a la fe o asumir un enfrentamiento con el Estado. Los nuevos programas, obligatorios desde la guardería, cuestionan la posibilidad, para una escuela católica, de permanecer fiel a su identidad y a su misión.
Una escuela católica que presenta la anticoncepción y el aborto como medios para «prevenir un embarazo no deseado», que enseña que ser niño o niña es una libre elección, que presenta todas las «orientaciones sexuales» como legítimas… ¿puede aún llamarse y ser reconocida como católica?
[…] La antropología subyacente a estos programas se basa en la promoción de los «derechos y libertades» del individuo. Estos programas se inscriben en el paradigma de neutralidad ética del Estado, objetivamente libertario y fundamentalmente nihilista. Presuponen que no existe una verdad objetiva y universal sobre el ser humano, su cuerpo sexuado y los fines naturales y personales de la sexualidad de la persona.
»Este enfoque formal se completa con la lucha «contra las discriminaciones enunciadas en el artículo 225-1 del Código Penal y ejercidas entre las personas por motivos de «su sexo», «su identidad de género» y «su orientación sexual» (heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad)». Se trata, por tanto, de programas que contradicen formalmente la antropología y la ética inherentes a la fe católica. Sin embargo, son obligatorios.
»Tenemos que darnos cuenta de que nos encontramos ante lo que el magisterio pontificio denomina una estructura de pecado. Este término fue acuñado por san Juan Pablo II para comprender adecuadamente los condicionamientos sociales que predisponen al pecado. Una estructura de pecado oscurece la conciencia moral y debilita la voluntad de la persona. Algunos pueden tener la impresión de que la inclinación al mal es algo natural, inevitable; que tal es el espíritu de la época y que solo se puede vivir con los tiempos…
»Este enfoque ignora que, aunque las estructuras de pecado hayan adquirido cierta autonomía, cierta impersonalidad, siguen siendo fruto de pecados personales. San Juan Pablo II lo afirma con fuerza: el pecado social, la estructura de pecado, es «el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad; de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar, o, al menos, limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia; de quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo; y también de quien pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las verdaderas responsabilidades son de las personas». Una estructura de pecado se fortalece con la debilidad de quienes deberían combatirla.
Hay que romper este círculo vicioso que se alimenta de nuestras pequeñas renuncias, de nuestro silencio ante la injusticia, de nuestras concesiones por miedo a represalias o problemas. En resumen, la rica doctrina sobre la cooperación al mal nos advierte de que la única manera de generar un círculo virtuoso es un juicio práctico madurado en la oración y fortalecido por la vida sacramental; este juicio es: «non possumus».
En efecto, un católico no puede aconsejar a sus alumnos que tomen la píldora, no puede darles el número del Planning familiar (antesala de la sala de abortos), no puede mentirles sobre la identidad sexual de una persona, etc. Y no solo un católico, sino también una institución católica.
Así pues, toda institución católica francesa se encuentra en una encrucijada. O bien decide abordar estos temas por su cuenta y tratarlos según su propio carácter, respetando el derecho natural de los padres a educar a sus hijos y respetando el crecimiento de éstos, o bien acepta de facto ser agente de una ideología mortífera que la Iglesia no ha dejado de condenar y combatir. En este último caso, reniega de sí misma. Los obispos deberían entonces asumir la responsabilidad de retirar el calificativo de «católico» a dicho centro y los padres católicos la de retirar a sus hijos del mismo.
En la primera hipótesis, la de la resistencia, el centro católico debe aceptar entrar en un pulso con el Estado. Esta cuestión, que afecta a los principios mismos de su identidad, debe implicar al Secretariado de la Enseñanza Católica y a la Conferencia Episcopal. El Estado lleva años restringiendo la enseñanza católica y exigiéndole que se alinee con la enseñanza laica, relegando su carácter específico a contenidos periféricos y opcionales, a veces con la complicidad o la cobardía de algunos de sus responsables.
La condición para atreverse a entrar en tal enfrentamiento es dejar de considerar el contrato con el Estado como algo absoluto. Porque si fuera así, el margen de maniobra es muy reducido, ya que el Estado puede utilizarlo como un chantaje. Solo si nos atrevemos a plantearnos sin miedo la posibilidad de una nueva guerra escolar en nombre de la libertad de los padres para educar a sus hijos, la enseñanza católica podrá obtener del Estado el reconocimiento del derecho fundamental a enseñar en coherencia con la fe católica que la define».
