Con la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de la Ley 20/2011 del Registro Civil se produce en España un nuevo ataque al matrimonio y a la familia.
Esta vez la excusa es adoptar un modelo del Registro Civil que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española, valores y realidades ficticias que se van conformando a través de las leyes que los sucesivos gobiernos democráticos nos imponen en un claro despotismo ideológico que intenta borrar toda referencia a alguna instancia superior a la mera voluntad humana.
Y para ello, apelando hipócritamente a un sedicente reconocimiento de la dignidad y la igualdad de las personas, se impone el «abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio» (el hasta ahora «Libro de Familia»), creando un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.
Contrariamente a lo que afirma la Ley, la persona queda así «atomizada» y su dignidad rebajada al ocultarse intencionadamente algunas de las más características manifestaciones del ser personal: el recuerdo del pasado, el proyecto de futuro y el reconocimiento interpersonal que posibilita el diálogo y el amor de amistad entre personas, particularmente en el matrimonio y la familia. El registro individual, al eliminar toda referencia relacional de la persona, degrada el mismo ser subsistente racional que fundamenta dichas relaciones y aleja al hombre de Dios un poco más. Porque no hay que olvidar que en Dios «las relaciones se identifican con las personas, a las que constituyen en cuanto son idénticamente la esencia divina, y distinguen en cuanto relaciones», y la pertenencia del hombre a una familia y a una historia es manifestación también de su semejanza con el Creador.
Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, criticó en Twitter la decisión del gobierno afirmando que «seguramente se dirá que sólo es un cambio burocrático, pero es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias».
La misma opinión comparte Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, que aseguró a ACI Prensa que «con la excusa de la necesaria transformación digital, el gobierno ha optado por el individualismo, el desarraigo y la ruptura de todo lo relacionado con la institución familiar en lugar de pasar el “Libro de Familia” tal cual a formato electrónico, con un sistema de accesibilidad fácil para cada miembro de la misma familia, asociado al DNI de cada uno. Después de años atendiendo a las propuestas del Ejecutivo actual, no es aventurado afirmar que esta medida supone un nuevo asalto ideológico en contra de la familia, es decir, que es una medida coherente con el resto de las actuaciones de este gobierno, como la eliminación de la ayuda por hijo a cargo o la posibilidad de presentar la declaración conjunta del IRPF, inspiradas en la merma de derechos y libertades básicas de familias en los que también incurre la “Ley Celaá”; o el presentar a la familia como maltratadora en potencia, y al Estado como salvador, en el espíritu de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia; las que borran de la ecuación a los padres con hijos menores a cargo y dificultades económicas cuando les niegan ayudas y hablan exclusivamente de pobreza infantil, etc.».
Con la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de la Ley 20/2011 del Registro Civil se produce en España un nuevo ataque al matrimonio y a la familia.
Esta vez la excusa es adoptar un modelo del Registro Civil que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española, valores y realidades ficticias que se van conformando a través de las leyes que los sucesivos gobiernos democráticos nos imponen en un claro despotismo ideológico que intenta borrar toda referencia a alguna instancia superior a la mera voluntad humana.
Y para ello, apelando hipócritamente a un sedicente reconocimiento de la dignidad y la igualdad de las personas, se impone el «abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio» (el hasta ahora «Libro de Familia»), creando un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.
Contrariamente a lo que afirma la Ley, la persona queda así «atomizada» y su dignidad rebajada al ocultarse intencionadamente algunas de las más características manifestaciones del ser personal: el recuerdo del pasado, el proyecto de futuro y el reconocimiento interpersonal que posibilita el diálogo y el amor de amistad entre personas, particularmente en el matrimonio y la familia. El registro individual, al eliminar toda referencia relacional de la persona, degrada el mismo ser subsistente racional que fundamenta dichas relaciones y aleja al hombre de Dios un poco más. Porque no hay que olvidar que en Dios «las relaciones se identifican con las personas, a las que constituyen en cuanto son idénticamente la esencia divina, y distinguen en cuanto relaciones», y la pertenencia del hombre a una familia y a una historia es manifestación también de su semejanza con el Creador.
Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, criticó en Twitter la decisión del gobierno afirmando que «seguramente se dirá que sólo es un cambio burocrático, pero es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias».
La misma opinión comparte Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, que aseguró a ACI Prensa que «con la excusa de la necesaria transformación digital, el gobierno ha optado por el individualismo, el desarraigo y la ruptura de todo lo relacionado con la institución familiar en lugar de pasar el “Libro de Familia” tal cual a formato electrónico, con un sistema de accesibilidad fácil para cada miembro de la misma familia, asociado al DNI de cada uno. Después de años atendiendo a las propuestas del Ejecutivo actual, no es aventurado afirmar que esta medida supone un nuevo asalto ideológico en contra de la familia, es decir, que es una medida coherente con el resto de las actuaciones de este gobierno, como la eliminación de la ayuda por hijo a cargo o la posibilidad de presentar la declaración conjunta del IRPF, inspiradas en la merma de derechos y libertades básicas de familias en los que también incurre la “Ley Celaá”; o el presentar a la familia como maltratadora en potencia, y al Estado como salvador, en el espíritu de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia; las que borran de la ecuación a los padres con hijos menores a cargo y dificultades económicas cuando les niegan ayudas y hablan exclusivamente de pobreza infantil, etc.».
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