Los ataques contra el gobierno polaco, no del todo infrecuentes últimamente, han encontrado su última excusa en la propuesta de ley por la que se prohíbe la denominación de «Campos de concentración polacos» para referirse a los campos de exterminio nazis ubicados en Polonia.
La acusación roza lo grotesco: se atribuye al gobierno polaco la intención de reescribir la historia del Holocausto judío. Nada más lejos de la realidad para esta nación que sufrió como la que más la pinza formada por Hitler y Stalin. La invasión y dominación nazi de Polonia fue una pesadilla que se cobró la vida de millones de polacos, muchos de ellos en los campos de exterminio que los nazis instalaron en territorio polaco, junto a los millones de judíos asesinados también en esos lugares. De hecho, el museo de Yad Vashem en Jerusalén, dedicado a la memoria del Holocausto, ha identificado nada menos que a 6.700 polacos distinguidos como «justos entre las naciones» por sus acciones a favor de los judíos durante la dominación nazi.
La ley que se quiere aprobar ahora castigará a aquellos que denominan «campos polacos» a los campos nazis situados en Polonia y quiere impedir una obvia maniobra de manipulación que puede confundir y convertir a la víctima, Polonia, en el verdugo, al menos en la percepción de los lectores poco avisados.
No parece que haya mucha base para las quejas que la propuesta de ley ha levantado, a no ser que consideremos que cualquier excusa es buena para atacar a un gobierno y un país que no se ha plegado a las directrices contrarias a la doctrina de la Iglesia que impulsan algunas organizaciones transnacionales.
