El pasado 12 de marzo de 2025 el Parlamento de Papúa Nueva Guinea aprobó una enmienda a la Constitución que proclama oficialmente el carácter cristiano de la nación. El nuevo preámbulo dice así: «Reconocemos y declaramos a Dios Padre, a Jesucristo Hijo y al Espíritu Santo como nuestro Creador y sustentador de todo el universo». La moción fue aprobada por 80 votos a favor y 4 en contra. Esta afirmación no establece ninguna una iglesia estatal y garantiza la libertad religiosa.
Papúa Nueva Guinea tiene casi 12 millones de habitantes y más del 95% de la población se declara cristiana, de los cuales el 27% son católicos, cuya presencia se remonta a la llegada de los maristas franceses en la década de 1840 y posteriormente, a partir de 1885, de los Misioneros del Sagrado Corazón. El país es sumamente complejo, con más de 800 lenguas y grupos étnicos, por lo que este reconocimiento en la constitución pretende también reforzar el sentimiento nacional en torno a un reconocimiento de la fe cristiana común.
En una reacción desconcertante, la Conferencia Episcopal del país ha expresado su oposición a la medida, denunciando que es ante todo una medida de distracción por parte de un gobierno que no ataja «la corrupción, la violencia o la anarquía». El arzobispo de Port Moresby, Rochus Tatamai, reiteró que la prioridad sigue siendo la conversión personal, la justicia, la lucha contra la corrupción y el respeto a las instituciones. No dudamos de que sea posible que existan cálculos políticos, y por supuesto es en la conversión personal donde nos jugamos cada uno la salvación, pero precisamente sin el reconocimiento de que Dios es el fundamento también del orden político es imposible alcanzar la justicia y acabar con los males denunciados, como la corrupción.
