EL pasado 6 de enero, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau convocó una rueda de prensa en Ottawa para presentar su renuncia como líder del país.
La renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá marca el fin de un capítulo oscuro en la historia del país. Durante casi una década, Trudeau se ha esforzado por proyectar una imagen de líder moderno, comprometido con la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Sin embargo, el legado que deja no es más que la constatación del mal devorado por sí mismo: odiado y rechazado por todos, fracasa o en su rol de abanderado de la agenda woke, y recordado como uno de los líderes políticos que más ha atacado a la Iglesia en el siglo XXI.
Ya desde niño, Justin Trudeau creció cerca del poder político. Su padre, Pierre Trudeau, fue primer ministro durante quince años, desde 1968 a 1984. El turno del hijo llegaría en 2015, cuando fue elegido líder del Partido Liberal, logrando una contundente victoria. Fue reelegido en 2019 y nuevamente en 2021, aunque con gobiernos en minoría.
Ahora, tras una lista innumerable de fracasos políticos y luchas internas, no le ha quedado más remedio que presentar su dimisión tras perder el apoyo incluso de sus más fieles colaboradores. Por ejemplo, Chrystia Freeland, ministra de Finanzas, renunció a su cargo debido a diferencias de opinión sobre el manejo de la economía canadiense por parte de Trudeau. En una carta que posteriormente fue publicada en redes sociales, Freeland afirmó que la gestión económica de Trudeau incluía «estratagemas políticas costosas» y que ambos habían estado «en desacuerdo» recientemente sobre cómo manejar la inminente administración de
Trump. A pesar de que este hecho fue la gota que colmó el vaso y le llevó inevitablemente a renunciar, la lista de escándalos anteriores es larga.
Resulta conveniente repasar de manera breve los principales acontecimientos, legislación, y declaraciones de Trudeau y las consecuencias que estos han tenido. Justin Trudeau ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a apoyar inquebrantablemente la legalización y expansión de la eutanasia en Canadá. En 2016, bajo su liderazgo, el Parlamento canadiense aprobó el programa de Asistencia Médica para Morir (MAID), tras una decisión de
la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la prohibición existente sobre la eutanasia. En aquel momento, Trudeau defendió la medida argumentando que se había encontrado un «equilibrio responsable» entre la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos individuales.
Sin embargo, como siempre ocurre, la excusa de «los casos extremos» evolucionó rápidamente hacia una política expansiva. Desde su implementación, los casos de eutanasia en el país han crecido un promedio del 31% anual, y en 2023 la eutanasia ya representaba 1 de cada 20 muertes en Canadá.
Más allá de los números, lo más inquietante fue el intento de extender la elegibilidad de MAID a personas con enfermedades mentales, depresión, etc. Extensión que finalmente tuvo que posponerse debido a que el sistema de salud no estaba preparado para manejar las implicaciones éticas y logísticas de semejante cambio. Por supuesto, no hace falta ni hablar de la nula inversión o fomento en cuidados paliativos: el gobierno optó por ofrecer la eutanasia como única solución rápida.
Trudeau también ha sido uno de los defensores más notorios del aborto, convirtiéndolo en un pilar central de su agenda política, tanto en el ámbito nacional como internacional. Durante su mandato, no sólo reafirmó su compromiso con el acceso irrestricto al aborto, sino que también adoptó una postura combativa contra cualquier entidad que cuestionara esta posición, incluyendo los centros pro-vida para embarazadas. Trudeau modificó las leyes fiscales canadienses, exigiendo que los centros médicos revelaran si ofrecían aborto o anticoncepción
como condición para mantener su estatus de organizaciones benéficas y mantener beneficios fiscales. Mientras que las clínicas abortistas recibieron un apoyo casi ilimitado del gobierno, los centros pro-vida fueron sometidos a un escrutinio desproporcionado, viéndose obligados a luchar por su supervivencia en un entorno extremadamente hostil.
Esta postura de Trudeau con el aborto no se limitó a sus fronteras. Con gran orgullo se postuló como abanderado del «derecho universal al aborto» en el ámbito internacional, utilizando su posición para criticar abiertamente a otros países como Estados Unidos (tras la anulación de la sentencia Roe v. Wade) o Italia (tras las medidas pro-vida tomadas por Giorgia Meloni).
Dentro de su catálogo de medidas woke, no faltaron las políticas dirigidas a la protección y fomento del movimiento LGTBI. Como ejemplos, la introducción de leyes que añadieron la «identidad de género» y la «expresión de género» como categorías protegidas bajo la Ley de Derechos Humanos de Canadá; la ley C-16, que impone el uso obligatorio de pronombres preferidos por cada persona al dirigirse a ella; la prohibición de las llamadas «terapias de conversión» o incluso la amenaza pública de arrebatar la custodia de sus hijos a los padres
que no aceptaran la condición sexual o el «género» escogido por sus hijos menores de edad.
Por otro lado, Trudeau no escatimó esfuerzos para atacar de forma pública a los cristianos y a la Iglesia en el país.
Uno de los episodios más controvertidos fue la propagación de la narrativa sobre la existencia de «tumbas masivas» de niños indígenas en escuelas residenciales de la Iglesia. En 2021, un grupo indígena afirmó haber descubierto más de 200 tumbas sin marcar cerca de una escuela católica en la Columbia británica, uno de los estados de Canadá. Sin pensárselo dos veces ni corroborar la información, Trudeau se lanzó a atacar abiertamente a la Iglesia católica, exigiendo incluso al papa Francisco disculparse personalmente. Sus duras críticas a la Iglesia llevaron a un aumento del 260% en los crímenes contra católicos: más de 120 iglesias fueron
vandalizadas, incendiadas o completamente destruidas, mientras el gobierno mantenía silencio. No sólo silencio, el propio Trudeau justificó, casi alentándolos, los ataques, afirmando que comprendía el «dolor y la ira» de los vándalos.
Sin embargo, más de tres años después, no se ha encontrado ninguna evidencia que confirme la existencia de esas supuestas tumbas masivas, pese a numerosas excavaciones.
Trudeau nunca ofreció disculpas ni rectificó sus declaraciones.
Otro de los escándalos derivados de su odio a la fe sucedió durante la pandemia. El gobierno canadiense implementó restricciones sanitarias que terminaron convirtiéndose en una herramienta de control desproporcionada contra las comunidades religiosas, particularmente las cristianas.
Uno de los casos más sonados fue el de James Coates, pastor protestante en Alberta.
Coates fue encarcelado durante 35 días por realizar servicios religiosos al aire libre que respetaban las medidas de distanciamiento social. Su iglesia fue posteriormente clausurada y cercada por la policía, lo que obligó a los fieles a reunirse en inmuebles clandestinos. De manera similar, el pastor Tim Stephens de Calgary fue arrestado frente a su familia y encarcelado 21 días por realizar cultos al aire libre.
Más allá de sus políticas agresivas hacia la Iglesia y las comunidades religiosas, el gobierno de Trudeau ha enfrentado durante estos años graves críticas en otros ámbitos de su gestión, como la inmigración, la respuesta a las protestas de camioneros durante la pandemia, y el manejo de la economía y la crisis de vivienda. Bajo su liderazgo, Canadá ha experimentado niveles históricos de inmigración gracias a unos procedimientos de selección debilitados que permitieron, por ejemplo, que un miembro del Estado Islámico obtuviera la
ciudadanía. Su decisión de invocar la Ley de Emergencia para sofocar la protesta de camioneros contra los mandatos de vacunación, una medida nunca antes usada en la historia del país, fue duramente criticada por muchos canadienses, especialmente por incluir el congelamiento de cuentas bancarias y la intimidación a manifestantes pacíficos.
A esto se le suma el fracaso de su administración en abordar la creciente crisis de vivienda y el coste de la vida, problemas que se agravaron por políticas económicas que favorecieron a las generaciones de pensionistas con mayores propiedades, mientras excluían a los jóvenes, el mismo grupo que en su momento impulsó a Trudeau al poder.
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