Lo que está ocurriendo en Nicaragua confirma una ley de hierro: los regímenes socialistas siempre quieren someter a la Iglesia a sus dictados y, cuando no lo consiguen acaban, tarde o temprano, por perseguirla abiertamente. Es lo que ha ocurrido con el injusto encarcelamiento de Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Y es que el autoproclamado «servidor del pueblo», el sandinista Daniel Ortega, no se detiene ante nada en su intento de eliminar las tradiciones cristianas y amordazar a la Iglesia. Tras la condena del obispo Álvarez el pasado mes de febrero, la situación no ha dejado de agravarse.
El pasado Miércoles de Ceniza el gobierno de Ortega decidió prohibir los «Vía Crucis» por las calles del país: sólo se autorizaba a realizarlo en el interior de las iglesias y, con un permiso específico, la procesión podría recorrer el perímetro exterior de la iglesia, pero en este caso la seguridad de
los fieles no estaba garantizada. El 7 de marzo se produjo una nueva agresión contra la Iglesia y el pueblo cristiano, con el cierre de dos universidades vinculadas a la Iglesia católica. El Ministerio del Interior decretó en el Diario Oficial del país la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades, por «incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes que las rigen».
La misma resolución contempla que los estudiantes serán «deportados académicamente» a otras universidades, mientras que los activos de las dos universidades serán transferidos al Estado, en lo que supone una arbitraria expropiación. A continuación, el régimen nicaragüense aprobó la
cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas Nicaragua, que trabajaba en el país desde 1994 en medio de continuas amenazas y ataques. Además, crece la preocupación por el estado de salud del obispo Álvarez. No sólo la organización mundial Ayuda a la Iglesia Necesitada, sino también las
Naciones Unidas han pedido formalmente a Nicaragua la liberación del obispo Rolando Álvarez y de todos los demás presos políticos.
Asistimos, pues, a una intensificación de lo que viene siendo la tónica general desde hace tiempo: están documentados al menos 529 ataques a la Iglesia perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega en los últimos cinco años, con 90 cometidos en lo que va de 2023. Entre estos ataques, además la condena a 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez, se cuentan la expulsión del país a 32 religiosos, la confi scación de siete edifi cios propiedad de la Iglesia y la clausura de varios medios de
comunicación católicos. La persecución de Ortega contra la Iglesia, sin embargo, es sólo la punta
de un iceberg de la oleada de amenazas, violencia e intimidaciones promovidas por los gobiernos social-populistas y marxistas en el poder en Hispanoamérica. Baste pensar en los obispos de Bolivia investigados por la Fiscalía General bajo sospecha de complicidad con el «golpe de Estado» contra Evo Morales, cuando en realidad lo único que hicieron fue tener el valor de protestar públicamente contra el adoctrinamiento abortista y de género que se quiere introducir en las escuelas.
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