Etiopía lleva más de un año de guerra civil y el mundo ni se inmuta. El conflicto entre el gobierno de Addis Abeba y los combatientes del TPLF, de etnia tigré, que aspiran a derrocar al gobierno se ha vuelto a intensificar cuando estos últimos han roto el equilibrio que duraba desde hace meses al conquistar el 12 de diciembre pasado la ciudad de Lalibela, en la región de Amhara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus iglesias excavadas en la roca.
El conflicto tiene su origen en la pérdida del poder por parte del TPLF, un grupo marxista que antes de la caída del Telón de Acero tenía como modelo al régimen de Albania. Tras dirigir Etiopía durante 27 años con mano de hierro, el TPLF perdió el poder hace dos años. Sus seguidores se retiraron entonces a su región de origen, Tigré, donde alentaron la revuelta y los cada vez más frecuentes asesinatos de cristianos en el sur del país.
La guerra ha entrado ahora en una fase de destrucción y tierra quemada que se estima que ya ha generado dos millones de desplazados y que amenaza con desestabilizar no solo Etiopía, sino toda la región. En este contexto, la distribución de ayuda alimentaria es cada vez más difícil e incluso se ha tenido que suspender en diversas zonas con el resultado de que se ha declarado el estado de hambruna para 400.000 personas.
Esta trágica situación en Etiopía se suma a su vecino Sudán del Sur, donde la paz y la reconstrucción siguen siendo objetivos lejanos y millones de personas sufren los estragos de la guerra que estalló en 2013. Olvidados por parte de las principales potencias, la situación en estos países demuestra, una vez más, que la ausencia de toda autoridad en el plano internacional impone la ley del más fuerte en un contexto en el que el derecho internacional ha desaparecido.
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