El pasado martes 22 de enero se cumplía el 46 aniversario de la sentencia Roe v Wade que abrió las puertas al aborto en los Estados Unidos. Para celebrar aquella sentencia que ha provocado la muerte de millones de niños, el parlamento del Estado de Nueva York ha aprobado una ley que permite abortar prácticamente hasta el noveno mes de embarazo, impulsada por el Partido Demócrata y el gobernador «católico» Andrew Cuomo. Tras la votación final, en medio de las risas y abrazos de los demócratas, uno de los miembros del parlamento gritó «¡Qué Dios omnipotente se apiade de este Estado!».
La Ley de salud reproductiva (Reproductive Health Act, RHA) aprobada por los demócratas ha sido uno de los caballos de batalla del gobernador Cuomo y de su protectora, Hillary Clinton, que de este modo consiguen, después de casi 13 años de intentos fallidos, liberalizar la ya muy liberal legislación en materia de aborto del Estado de Nueva York (la eliminación del bebé ya estaba permitida hasta la semana 24), donde se introdujo el aborto en 1970, tres años antes de la sentencia Roe v Wade.
La RHA comienza definiendo la «salud reproductiva omnicomprensiva» (una expresión que para los autores de la ley incluye la anticoncepción y el aborto) como «elemento fundamental» para la «salud, la privacidad y la igualdad» de todo individuo. Después de afirmar el «derecho» a la esterilización, el texto del RHA continúa avalando la indiferencia moral entre dos supuestas opciones opuestas: «Todo individuo [el texto usa el término «individual» en vez de «mujer», en terminología de género adaptada a las pretensiones transexualistas] embarazado tiene el derecho fundamental de elegir si llevar a término su embarazo o abortar». La nueva ley establece así que un bien objetivo, dar la vida, es equivalente para el Estado de Nueva York a su completo opuesto: un mal objetivo y radical, como es matar a un inocente.
Continúa la nueva ley afirmando que el Estado no puede «negar o interferir el ejercicio de los derechos» mencionados anteriormente, en lo que algunas asociaciones pro-vida han interpretado como una amenaza a la libertad de expresar su oposición al aborto y a la objeción de conciencia de médicos y enfermeras en base a que constituirían un obstáculo a los «derechos» de la mujer que desea abortar. Además, la nueva ley establece que el aborto puede ser practicado por cualquier proveedor de atención médica poseedor de licencia, sin necesidad de la presencia de un médico. Cualquier operador sanitario queda pues autorizado a practicar un aborto incluso después de las 24 semanas de embarazo si considera (¡de buena fe!, precisa la ley) que el bebé no ha alcanzado la capacidad de vivir independientemente fuera del útero o en el caso de peligro para la «vida o salud» de la madre, con lo que, de hecho, se abre la puerta a abortar hasta unos momentos antes del parto.
Una consecuencia directa de esta ley es la modificación de un gran número de reglas de derecho y de procedimiento penal, que llevarán a la redefinición del asesinato y del término «persona». En este sentido, el RHA afirma que «asesinato significa una conducta que causa la muerte de una persona», pero en esta última palabra no se incluye al niño por nacer, el nasciturus, ni siquiera a partir de las 24 semanas de gestación. Tremendo pero lógico: una vez se niega la verdad biológica de que la vida es un continuo desde el momento de la concepción y, en consecuencia, se niega la infinita dignidad del concebido, es imposible mantener los frágiles límites adoptados arbitrariamente (si se puede abortar hasta las doce semanas, no se entiende por qué no se podría a las doce semanas y un día, y así en adelante) y se cae lógicamente en la aberración de afirmar el «derecho» a abortar siempre y en cualquier caso.
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