Cada 19 de enero desde hace 45 años las calles de la capital estadounidense son tomadas por una inmensa multitud que defiende la sacralidad de la vida. La Marcha por la Vida, que reúne a cientos de miles de personas, en su inmensa mayoría jóvenes (son muchas las universidades que ese día suspenden las clases para permitir que sus alumnos acudan a la marcha), no deja de crecer a pesar del silencio mediático que se abate sobre ella.
Este año la marcha nos ha deparado dos novedades. En primer lugar la decisión de los obispos norteamericanos, que por primera vez han concedido indulgencia plenaria a los católicos que han participado en la misma. Un gesto importante que muestra el apoyo de la Iglesia a la movilización por la vida y en contra del aborto.
La otra gran novedad ha sido el mensaje, retransmitido por video, del presidente Trump. Por primera vez en la historia el presidente de los Estados Unidos se dirigía a la multitud de participantes en la Marcha por la Vida para reiterar su compromiso en el combate contra el aborto. Trump, además, no se ha quedado sólo en palabras y ha recuperado la iniciativa de Reagan de nombrar el 22 de enero (la fecha en que, el año 1973, el Tribunal Supremo legalizó el aborto, abriendo la puerta al asesinato hasta el día de hoy de más de 60 millones de seres humanos) «Jornada nacional de la sacralidad de la vida humana». Se trata de una declaración que se renueva anualmente y que los presidentes demócratas, tanto Clinton como Obama, no renovaron, lo que les valió las críticas de quienes insisten en la importancia de recordar la sacralidad de la vida humana, respecto del aborto, por supuesto, pero mucho más allá. No es el único gesto de Trump en este sentido. Otra de las políticas que ha recuperado es la llamada «Mexico City Policy», por la decisión tomada durante la Conferencia de la ONU sobre población que tuvo lugar en México en 1984 y que supone la suspensión de las ayudas federales estadounidenses a países con leyes que permitan el aborto, y que se extiende, en el ámbito interno, a la prohibición de financiar abortos en Estados Unidos con fondos públicos. Buenas noticias que demuestran que los gobernantes sí pueden tomar medidas contra el aborto.
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