El pasado 14 de agosto la Royal Commission australiana que investiga los casos de pederastia en grupos religiosos, escuelas, centros deportivos y otras instituciones del país hizo públicas 85 recomendaciones destinadas a combatir los abusos sexuales que implicarían una reforma de la legislación vigente para poder incluir, entre otras medidas, la posibilidad de procesar a los sacerdotes que no denuncien los abusos que han conocido durante la confesión.
El Criminal Justice Report recomienda que «la falta de denuncia de abuso sexual infantil en las instituciones sea un delito. Una recomendación que se extiende a la información dada en las confesiones» ya que no debe existir exención alguna a la hora de ofrecer información sobre un presunto caso de abusos sexuales a menores.
La Royal Commission, en su informe, admite comprender «el significado de la confesión; en concreto, la importancia del sigilo sacramental. (…) En una sociedad civil es importante el derecho de una persona a practicar su religión de acuerdo con sus creencias. Sin embargo, ese derecho no es absoluto. (…) La importancia de proteger a los niños del abuso sexual implica que no debería haber excepción en el deber de comunicar los delitos por parte del clero basándose en la información obtenida en confesión».
El arzobispo de Melbourne y presidente de la Conferencia de obispos católicos de Australia, monseñor Denis J. Hart, en una entrevista radiofónica ha mostrado enseguida su disconformidad con la mencionada recomendación asegurando que la confesión, cuyo sigilo sacramental es inviolable, es parte esencial de la religión con que los hombres dan libremente culto a Dios. «Es una comunicación sacrosanta de un orden más alto que los sacerdotes respetan», afirmó el prelado, y, por tanto, el Estado no tiene derecho a modificarla sin atentar gravemente contra el orden establecido por Dios. Además, como recordaba monseñor Hart, el acceso al sacramento con las garantías del mismo en realidad ayuda a la protección de los niños al buscar la conversión del criminal. Quizás sea la única oportunidad en la que una persona que ha ofendido o un niño que ha sido herido puedan acceder a un consejo más amplio. El penitente, por otro lado, tendría normalmente el deber de entregarse a las autoridades como requisito para obtener el perdón de Dios ya que en los casos que involucran la justicia, la Iglesia siempre ha enseñado que la persona tiene que restituir el daño causado y el agresor debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que no ofenderá nuevamente y asumir las consecuencias de sus actos. (Con información de ABS.es i gaudiumpress.org)
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