«Ante el proyecto de Constitución de 1978, Cela y el cardenal arzobispo de Toledo, González Martín, lo vieron venir. En una pastoral diocesana, don Marcelo se preguntaba si la fórmula utilizada en el artículo 15, «Todos tienen derecho a la vida», iba a evitar que una mayoría parlamentaria quisiera legalizar el aborto llegado el día. El entonces senador, Camilo José Cela, directamente, se mofó de la redacción: ¿Quiénes son todos? ¿Los besugos también?
En vísperas de las elecciones generales de marzo del 79, Adolfo Suárez acusó a Felipe González de abortista. Éste nunca se lo perdonó y se negó a felicitarle por la victoria de UCD “por la deshonestidad de su campaña”. Pocos años después, el socialista impulsaría la primera ley de despenalización del aborto.
El gobierno de Rodríguez Zapatero dio un salto conceptual. De supuesto despenalizado a derecho. Las leyes tienen una función pedagógica. Influyen decisivamente en el discernimiento del bien y el mal, ya que validan, a ojos del ciudadano de infantería, lo que es legítimo. Hace 30 o 40 años que presentan situaciones extremas y repiten que el aborto no es deseable, es triste —como un día de lluvia— pero ocultan su esencia criminal. El modelo de Overton es bien conocido para estos casos. La trayectoria del PSOE en la infamia también.
Quizá resulte más sinuosa la de los populares, que asoman la patita con Rajoy. Hasta entonces, Aznar sólo había perpetrado pequeñas travesuras, como legalizar la píldora abortiva RU486.
El PP tradicionalmente ha utilizado una estrategia ambigua en los períodos en los que mantenía la poltrona caliente a los socialistas. En 2010 presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la llamada ley Aído y se comprometió, en campaña electoral, a su reforma. Tras la mayoría absoluta de Rajoy, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, elabora la nueva norma que llegó a ser aprobada en Consejo de Ministros. El resultado ya lo conocen ustedes: Rajoy aparca la reforma y al ministro, y Soraya Sáenz de Santamaría aparca a Andrés Ollero, magistrado ponente de un recurso que vegetaría en el tribunal más de una década. Como era de esperar, la recién estrenada mayoría progresista solo ha necesitado unos meses para darle matarile –ya siento el juego de palabras–.
Arriola había sacado la calculadora. Esa genialidad de la derecha flácida que es la inacción –especialmente en lo tocante a las leyes ideológicas– tiene el propósito de pescar en caladeros electorales desencantados de la izquierda, pero al mismo tiempo seguir manteniendo la llama en el sector conservador.
Feijoó ya no galleguea con el asunto. Prepara una purga del sector provida del grupo parlamentario en las próximas elecciones. Apoya la ley de plazos y considera el aborto un derecho de la mujer, «aunque no fundamental». Una exigua minoría del partido, los exministros Fernández Díaz y Mayor Oreja, han criticado el discurso del líder de los populares con el éxito habitual.
[…] Llevo mucho peor la estrategia engañaviejas de Isabel Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid apuesta por la modalidad de aborto legal, seguro y poco frecuente. Dice que debe ser “una decisión que se toma una vez, no cuatro”. Matar, pero poco. Porque es triste, como un día de lluvia.»
