El pasado 22 de octubre, día en que la Iglesia conmemora a san Juan Pablo II, el Tribunal Constitucional polaco declaró el «aborto terapéutico», que en Polonia se denomina también «aborto eugenésico», incompatible con la constitución de ese país por once votos contra solamente dos.
La actual ley del aborto en Polonia, de 1993, lo permite en el caso de «una alta probabilidad de que
se produzcan daños graves e irreversibles en el feto o una enfermedad incurable potencialmente mortal». En 2019, 119 diputados llevaron la norma al Tribunal Constitucional para que éste se pronunciase acerca de su compatibilidad con el artículo 38 de la constitución polaca, que afirma que «La República de Polonia ofrece a todos la protección legal de la vida», sin distingos entre sanos y enfermos.
La reacción a la decisión del Constitucional no se hizo esperar y se desató un alud de protestas, violencia y vandalismo, en especial contra las iglesias católicas, todo perfectamente planificado y financiado generosamente por los autoproclamados filántropos de la sociedad abierta (el periódico liberal
Gazeta Wyborcza, propiedad de George Soros, ha anunciado abiertamente que financiará las próximas
manifestaciones abortistas).
El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, por su parte, instó a los defensores del aborto eugenésico a expresar su oposición «de manera socialmente aceptable»: «Profanar iglesias y altares, usar la violencia, vandalizar edificios sagrados, perturbar los servicios religiosos e impedir la libertad de culto no es la forma correcta de actuar en un estado democrático», afirmó el arzobispo Gadecki.
Una protesta que, a la luz de los hechos, no hizo recapacitar a los abortistas, responsables de 226
manifestaciones no autorizadas, 23 delitos graves, 481 delitos menores, 142 sanciones administrativas
y 281 cargos penales.
Cuando escribimos estas líneas, las últimas noticias hablan de que, ante las violentas protestas y las intensas presiones (y amenazas) internacionales, el gobierno polaco ha retrasado indefinidamente la
aplicación de una ley que prohíba el aborto eugenésico. Ewa Letowska, ex juez del Tribunal Constitucional, ha declarado que este retraso es ilegal, pues aunque uno puede no estar de acuerdo con el
fallo, «retrasar su aplicación es inconstitucional».
Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha propuesto aceptar el aborto para los niños nonatos
con anormalidades «letales», manteniendo el veto al aborto en otros casos como el síndrome de Down.
No obstante, este compromiso no parece satisfacer a ninguna de las partes. Sea cual sea el desenlace de
esta batalla sobre el aborto en Polonia, parece claro que estamos ante una cuestión crucial que determinará el futuro del país.
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