Cuántas veces hemos leído aquello de que el Amazonas sufre las agresiones de las multinacionales
capitalistas y sin escrúpulos empeñadas en destruir el «pulmón del mundo»? Incluso el documento final del Sínodo sobre la Amazonia recoge esta idea: el documento habla de la necesidad de defender ese «corazón biológico» (epígrafe 2) que es la región amazónica, una de las biosferas más ricas del mundo pero, al mismo tiempo, «lugar de dolor y violencia» (epígrafe 10).
A pesar de la imagen romántica de la Amazonia, supuestamente poblada por buenos salvajes en
armonía con la naturaleza (aunque a veces matan a sus ancianos o dejan morir a sus hijos), tan extendida
en el Sínodo, el documento final no ha podido esconder el drama humano que se vive allí: «enfermedades
derivadas de la contaminación, el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el alcoholismo,
la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el tráfico y la trata de personas, la venta de órganos, el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria y de la identidad (idioma, prácticas espirituales y costumbres), la criminalización y el asesinato de líderes y defensores del territorio» (epígrafe 10).
Un infierno que, según el mismo documento, viene causado por «los intereses económicos y políticos
de los sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y de algunas autoridades indígenas » (epígrafe 10). ¿Seguro?
No es exactamente lo que se desprende del informe de la Comisión pastoral de la Tierra de Brasil (CPT), que da el dato, terrible, de que el 49% de los conflictos registrados en Brasil en el ámbito rural han tenido lugar en la región amazónica y del casi un millón de afectados, el 62%, 600.000 personas, son habitantes de la Amazonia. Pero el informe dice más: la causa principal de esta violencia generalizada no son las multinacionales, sino los «garimpeiros» que saquean la selva amazónica a la búsqueda de oro. Y es que la minería ilegal recorre la Amazonia, destruyendo miles de hectáreas de selva desde Perú hasta Venezuela, pasando por Ecuador, Colombia y Brasil. En algunos lugares las explotaciones son manuales, pero en otros emplean pesadas máquinas que dejan verdaderos cráteres en medio de la selva.
Esta minería ilegal, ampliamente extendida, además del efecto devastador directo deja un rastro de
mercurio y arsénico, usados como amalgama para separar el oro de los elementos descartables junto
con los que es extraído, que contaminan el agua y las plantas, produciendo graves daños neurológicos
y malformaciones a los niños. Lo ha confirmado un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz y del Instituto
Socio-Ambiental (ISA) que señala que en algunos pueblos de la etnia yanomami la tasa de contaminación
de mercurio llega al 92%.
Pero sigamos tirando del hilo de esta auténtica plaga que es la minería ilegal. Según la Red Amazónica
de Información Socio Ambiental Georeferenciada, en Brasil hay al menos 453 minas ilegales.
Pero el gordo se lo lleva Venezuela, donde a principios de 2019 se habían contabilizado al menos 1.781 minas, que son verdaderos focos de destrucción: además de la devastación de varias hectáreas,
estas minas ilegales suponen la llegada de violencia, prostitución, narcotráfico, enfermedades y degradación social.
Y llegamos al meollo de la cuestión: ¿quién está detrás de esta actividad minera ilegal que está destruyendo la Amazonia y que es mil veces más nociva que la acción de las multinacionales?
Lo explicaba Liborio Guarulla, miembro de la etnia baniva y gobernador del estado Amazonas de Venezuela desde 2001 hasta 2017 en declaraciones a Reuters: son las diferentes guerrillas y grupos armados quienes explotan la minería ilegal que devasta la Amazonia. En su territorio son las FARC
colombianas, refugiadas en territorio venezolano con la complicidad de las fuerzas armadas de aquel
país. «Cuando los indígenas protestan, sufren una inmediata represión», explica Guarulla, que añade
que «los 20.000 indígenas yanomami que viven en la selva venezolana se han convertido en esclavos
de los garimpeiros».
Así aparece una vasta red de crimen organizado que controla no solamente la minería ilegal, sino
las talas también ilegales, cuya madera es vendida luego principalmente en Europa. De este modo el
«bosque primario» es arrasado, tal y como denuncia el último informe de Human Rights Watch: «estas
redes criminales tienen la capacidad logística de coordinar todas las fases, desde la extracción de la
madera a larga escala a la entrega en los mercados exteriores», se puede leer en el informe. Y añade
que estos grupos criminales son auténticos ejércitos de milicianos que les garantizan la impunidad y que
dejan un reguero de sangre y muertos en la región.
En resumen, grupos criminales y guerrilleros actúan a sus anchas, con la complicidad de los regímenes
de la izquierda bolivariana, en la región amazónica, principalmente a través de la minería ilegal y la tala masiva de árboles, implantando un régimen de terror y esclavizando a las etnias locales.
Así, las guerrillas comunistas de la zona han encontrado en la explotación salvaje de la Amazonia un jugoso complemento a los ingresos que ya obtienen del narcotráfico.
Es lo que explican numerosos informes fiables, una realidad que contradice lo que se podía leer en el epígrafe 17 del Instrumentum laboris: «La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales
le han cortado las venas a nuestra ‘Madre Tierra’ ». Un mito alejado de la realidad, pues no son las multinacionales, sino las guerrillas comunistas, con la complicidad de los gobiernos adscritos al socialismo
bolivariano, quienes están «desangrando» principalmente el Amazonas.
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