Ante la aprobación por el Parlamento andaluz de la Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía, la Asamblea de los obispos del sur de España difundieron un comunicado el pasado 17 de enero en el que expresan su preocupación de que «esta ley pueda dar lugar a la imposición a todos los ciudadanos andaluces de una ideologizada visión concreta del hombre. Aunque aparentemente persigue un fin bueno, (…) en el fondo asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando así de construir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia».
No podemos estar ajenos –continúan los obispos– al reto antropológico que nos plantea la ideología de género que impregna esta ley aprobada por el Parlamento andaluz. Esto nos lleva a recordar lo siguiente:
– La luz natural de la razón y la historia de las religiones que han inspirado las grandes civilizaciones constituyen un testimonio, iluminado por la fe cristiana, que manifiesta que el ser humano ha sido creado por Dios como varón y mujer, acreditando que esa dualidad pertenece a la esencia misma de la naturaleza humana.
– El ser sexuado de la persona humana es constitutivo de su ser y no es posible sustituir lo que biológica y constitutivamente se es por lo que libremente se decide ser, por aquello que se construye cultural y socialmente. Ni la conciencia, ni la voluntad, individual o colectiva, crean o determinan lo que somos.
-La persona humana existe como varón y mujer, lo que significa que ha sido creada para vivir en comunidad. De hecho, la diversidad sexual conlleva la complementariedad que hace posible la vida matrimonial y familiar sólida, permanente en el tiempo, compuesta por un padre, una madre y unos hijos.
«Ante la confusión que lleva consigo la mencionada ley, la Iglesia –afirman los obispos– tiene la responsabilidad de promover la vida de la familia, y no puede callar ante la posible conculcación de la conciencia de los ciudadanos, y especialmente de los católicos. En primer lugar, la conciencia de los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, pero también la de muchos funcionarios y la de otras personas que se dedican a la sanidad o a la educación. Todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, merecen respeto y es justo evitar discriminaciones; pero esto no puede dar lugar a la promoción e imposición de ideas defendidas por la ideología de género. Por ello, invitamos a todos, y muy especialmente al pueblo cristiano, a no permanecer pasivos ante el peligro que suponen los postulados de la mencionada ley para la libertad religiosa, de educación y de pensamiento».
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