Ecuador, como otros países hispanoamericanos, hace tiempo que tiene un grave problema con el auge de los grupos narcotraficantes, grupos criminales que mueven ingentes sumas de dinero y que tienen una capacidad de poner en jaque al Estado hasta ahora nunca vista. Una de las opciones es pactar con el narcotráfico y «convivir» con él, como sucede en México. Otra opción es enfrentarse a él, el caso más paradigmático es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha empleado medios poco convencionales y en ocasiones discutibles para enfrentarse a esta lacra.
En Ecuador los mandatos de Rafael Correa vieron una tolerancia con los grupos narcos que les permitió desarrollarse como nunca antes. Desde entonces, su influencia y capacidad de alterar el curso de los acontecimientos no ha dejado de crecer. Lo vimos ya con el asesinato por parte de los narcos de uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del año pasado. Finalmente, y contradiciedo lo que anunciaban muchas en[1]cuestas, el ganador fue Daniel Noboa, que se impuso a Luisa González, la candidata socialista, con la promesa de línea dura contra la delincuencia violenta y el tráfico de drogas, especialmente cocaína, en el país.
Tanto la producción como el consumo de cocaína en todo el mundo han aumentado en los últimos años, según el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de las Naciones Unidas. El mercado de la droga tiene un valor mundial estimado de entre 400.000 y 600.000 millones de dólares. Este crecimiento del mercado también ha incrementado las rutas a través de Ecuador, país fronterizo con Colombia, que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. Los puertos ecuatorianos son los puntos de partida de gran parte de la cocaína nacional y colombiana destinada a Estados Unidos y Europa. Con el crecimiento del mercado de la droga, el lavado de dinero se ha convertido en uno de los rubros principales en la economía ecuatoriana, con 3.500 millones de dólares blanqueados.
En este contexto, el presidente Noboa, tras asumir el poder en noviembre pasado, presentó su «Plan Fénix» de lucha contra el narcotráfico, que incluye una nueva unidad de inteligencia, armamento táctico para las fuerzas de seguridad, nuevas cárceles de máxima seguridad y el refozamiento de la seguridad en puertos y aeropuertos.
Pero el narcotráfico no se quedó cruzado de brazos. El pasado domingo 7 de enero, Adolfo Macías, líder de la banda criminal «Los Choneros», se fugó de la prisión de Guayaquil donde cumplía una condena de 34 años. Al día siguiente hubo motines, fugas y tomas de rehenes en al menos seis prisiones. Asimismo, un grupo de 13 delincuentes interrumpió la emisión de la cadena ecuatoriana TC en Guayaquil, tomando como rehenes a las personas presentes en el plató desde donde se transmitía en directo. El martes la violencia se extendió a las calles, con siete policías secuestrados en incidentes en todo el país y diversas explosiones en varias ciudades. Noboa declaró el estado de excepción durante 60 días mientras los obispos católicos de Ecuador declaraban que la violencia de los narcotraficantes «no prevalecerá». En el decreto del estado de excepción se menciona, entre las organizaciones criminales que el ejército debe «neutralizar», a los tristemente célebres Latin Kings, a quienes el expresidente Correa reconoció en su día personalidad jurídica de organización benéfica. Recuperar el control del país no será tarea fácil, pero un Estado que no es capaz de asegurar la seguridad de sus habitantes pierde toda legitimidad. La alternativa, el caos y los grupos narcos campando a sus anchas, es un escenario que amenaza no sólo a Ecuador, y que supone una terrible tragedia para la población.
