Cuba: una prisión al aire libre

Fueron muchos quienes se ilusionaron con algunos gestos «aperturistas» del régimen comunista cubano que gobierna en la isla desde hace décadas, quienes defendían que el camino era el diálogo en vez de la presión y las sanciones. La realidad es que el régimen cubano está sumido en una intensa escalada represiva… mientras el mundo mira hacia otro lado.
De hecho, 790 manifestantes, entre ellos 55 menores, siguen encarcelados y se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión por «sedición». Tras meses de desmentidos, la dictadura castrista ha reconocido finalmente que está procesando a cerca de 800 personas que salieron a la calle a protestar contra los abusos del régimen el pasado 11 de julio de 2021.
Y mientras continúa el escándalo de estos juicios, varias organizaciones han llevado al Estado cubano ante el Tribunal Penal Internacional porque más de 1.100 personas, esclavizadas por el régimen en diversos sectores de trabajo, principalmente en el sanitario y el de los cruceros, están dando testimonio de los abusos sufridos. La ONG Defensores de los Presos ha presentado una detallada denuncia, en la que se documentan los más de mil casos de ciudadanos cubanos que fueron obligados a trabajar en el extranjero y a los que se les confiscaron sus salarios mientras se les confiscaban sus pasaportes y se les sometía a acoso sexual generalizado, extenuantes jornadas de trabajo y constantes amenazas a sus familias por parte del régimen comunista cubano.
En todos los casos documentados, las personas fueron sometidas a lo que se ha dado en llamar la «regla de los ocho años», que prohíbe la entrada en Cuba a quienes abandonan una «misión» durante al menos ocho años, perdiendo todos sus bienes en la isla y siendo separados por la fuerza de sus familias, incluida la descendencia en los casos en que los trabajadores esclavos del régimen hubieran dejado hijos pequeños en La Habana. El informe documenta nada menos que 44.589 violaciones de derechos humanos punibles según el derecho internacional y enumera 82 países en los que se han producido dichas violaciones, entre los que se encuentran países tan dispares como China, Ucrania, Malta, México, Vietnam o Italia.