Continúan los ataques contra la religión católica en España

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El artículo 16.3 de la Constitución Española establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Este principio, en la práctica (y en el mejor de los casos), se suele entender como la defensa de un «Estado laico no laicista», es decir, un Estado que no se inmiscuye –ni a favor ni en contra– en asuntos religiosos.
Sin embargo, un Estado laico (sea laicista o no) no puede legislar más que de acuerdo con el principio de que la sociedad, que él rige, ha de ser laica, es decir, sin presencia pública de la religión. Se piensa, falazmente, que una sociedad laica es el terreno común a creyentes y no creyentes, como si existiese un terreno común entre la afirmación de que «Dios existe» y de que «Dios no existe».
Por mera lógica –afirmaba José María Petit hace ya más de diez años en las páginas de esta revista– no existe una base común a dos proposiciones contradictorias. Y la que se ha elegido y se impone es que «Dios no existe». La propuesta de un Estado laico no laicista es un imposible lógico. Todo Estado laico es, por el solo hecho de serlo, un estado laicista, esto es, que tiende sistemáticamente a producir una sociedad laica, esto es, a separar a los hombres de la religión y, en definitiva, de Dios.
Y si este ataque a la religión no es más directo de lo que cabría esperar es sólo por una «feliz inconsecuencia», cada vez menos frecuente en nuestro país como queda de manifiesto en el constante goteo de noticias relacionadas con la persecución de la fe católica y la Iglesia en España. Recogemos a continuación algunos de los ataques, directamente relacionados con la religión y la Iglesia, que más se han repetido en los últimos años:
–Intentos de revisión de los acuerdos Iglesia-Estado.
–Promoción de la Red de Municipios por un Estado laico, al que se han adherido ya más de una veintena de ayuntamientos.
–Supresión de la exención del IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia.
–Intento de expropiación de bienes de la Iglesia.
–Supresión de las celebraciones religiosas del programa de las fiestas municipales, que cambian de nombre para borrar su origen religioso.
–Prohibición de procesiones religiosas.
–Cierre de capillas en cementerios y universidades.
–Intromisión de organizaciones laicistas en colegios católicos.
–Reducción de las clases de religión en las escuelas.
–Eliminación de referencias religiosas (canciones, fiestas, etc.) en las escuelas públicas.
–Eliminación de capellanes en hospitales.
–Reducción de subvenciones para organizaciones y escuelas católicas.
–Ataques y retirada de imágenes religiosas de lugares públicos.
–Pintadas y asaltos a iglesias y capillas, llegando incluso a quemar alguna.
–Profanaciones de sagrarios y robos de la Eucaristía.
–Insultos y vejaciones a obispos por oponerse a leyes a favor de la ideología de género.
–Exposiciones de arte y espectáculos blasfemos.